"Leyes de punto final y obediencia debida”. Al principio,
antes de conocer en qué consistían, creía que eran el título figurado de una
conferencia a la que asistí, ya hace muchos años. Me encontré con un debate
sobre las leyes que se aprobaron después de la dictadura argentina.
Explicaron
que en virtud de estas leyes, los crímenes que había sufrido la población
quedaban desde el año 87, “perdonados” por parte del Estado.
En
la práctica significaba que las personas sobrevivientes de una dictadura, que
habían sufrido algún tipo de tortura por parte del Ejército, si se cruzaban por
la calle con alguno de sus torturadores, tenían dos opciones: agachar la cabeza
o tomarse la justicia por su mano. Los ánimos se exaltaron. Algunos argentinos
que estaban de paso criticaron a los que estaban sentados en la mesa por no
luchar dentro de su país por los derechos de la gente.
Las leyes tenían trampa. Dejaban un resquicio mínimo “sustracción de menores y apropiación de inmuebles”. Y por ahí siguieron luchando algunos para derogarlas –había muchos niños en familias de militares que habían sido robados a sus padres, asesinados por ser comunistas-. En el año 98, las leyes se anularon, pero aún muchos mandos quedaron sin juzgarse por haber prescrito sus delitos.
Es
difícil seguirle la pista a estos procesos. Son procesos porque después ya no
existe la normalidad y son muy lentos. Hay miedo, porque los que gobiernan
siguen siendo los mismos y la gente de la calle ya no sabe cuáles son sus
derechos y si lo saben el miedo les paraliza. Pero siempre hay tortugas
que van muy despacio, haciendo lo que pueden.
Años después he conocido a otros en Guatemala, en procesos similares, que desde dentro y desde fuera, luchan por el establecimiento de una “normalidad” que no sea estrictamente ficticia. Buscando el procesamiento de los militares, desde instancias internacionales, donde la justicia les es más fiable. Según muchos, existe el principio de justicia universal para perseguir los delitos que se comenten contra la humanidad y afectan a todos. Alguna vez las tortugas han recurrido a la justicia española.
El
Nuevo Fiscal General del Estado, Conde-Pumpido, hace pocos días habló con
Fungairiño, dando orden explícita para que se investigaran los casos que tenían
que ver con la dictadura chilena y argentina, entre otras aplicando el
principio de justicia universal. Espero de verdad, que se haga bien, apoyando a
las tortugas, sin endiosarnos. Sin ellas todo esto no es nada.
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